LUNES, 15 NOVIEMBRE 2010
SAN SALVADOR - En días pasados han ocurrido dos lamentables sucesos de intimidación, acoso y asesinato a líderes y activistas de organizaciones que luchan por la protección ambiental en Guatemala y El Salvador, son actos que nos recuerdan que aun existen formas oscuras de enfrentar las disputas por decidir cómo, para qué y para quién se garantizan los derechos de acceso y uso de recursos naturales.
En Guatemala tres ambientalistas salvadoreños y dos periodistas del canal de televisión gubernamental de El Salvador fueron prácticamente secuestrados, sufrieron golpes y robo por parte de hombres armados mientras se dirigían a participar en la interpelación de funcionarios del gobierno de Guatemala, respecto al proyecto minero Cerro Blanco de la Empresa Minera Entre Mares S.A., subsidiaria de la Transnacional Minera Gold Corp.
Mientras tanto también en Guatemala, pero en la zona de Petén se produce el asesinato del joven líder comunitario David Salguero, de la Asociación Forestal Integral Cruce a la Colorada (AFICC), miembro de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP, las cuales manejan un aproximado de 500, has de bosque dentro de la Reserva de Biósfera Maya o RBM
En el caso de los ambientalistas y periodistas salvadoreños la agresión se da en un contexto de acciones de protesta de pobladores de Guatemala y El Salvador frente a la explotación de la Mina Cerro Blanco, que bloquearon el paso fronterizo entre ambos países en el pasado mes de octubre. El proyecto minero contaminaría las cuencas del río Ostua y el lago de Güija. Frente al daño ambiental que significa la extracción minera, los habitantes fronterizos apelan al Plan Trifinio, un plan de cooperación trans-fronteriza entre Honduras, Guatemala y El Salvador que se muestra públicamente como una bandera de la Integración Centroamericana en materia de protección ambiental.
Ciertamente esta zona trinacional es clave por su importancia en la producción y regulación de agua, en ella se ubican las cabeceras de dos de las cuencas más importantes en Centroamérica, los ríos Lempa y Motagua, críticos para el abastecimiento de agua del área metropolitana de San Salvador y diversas zonas de producción agropecuaria en los tres países. Debido a la repercusión social que estos recursos tienen en los países del triangulo norte, los gobiernos firmaron la Declaratoria de Reserva de la Biosfera La Fraternidad en el Macizo de Montecristo, la cual debe ser ratificada por la UNESCO.
Pero así como estos esfuerzos que se iniciaron hace 22 años, han ido lenta pero consistentemente, el permiso para la operación de la Mina Cerro Blanco se decide de forma más acelerada e intempestiva, contradiciendo los esfuerzos gubernamentales por construir estrategias para la preservación de los recursos naturales.
La violenta agresión hacia los ambientalistas y periodistas hace pensar a la Mesa Nacional Frente a la Minería de El Salvador que se trata de una acción premeditada causada por mercenarios para intimidar a los activistas de la resistencia en contra de la minería. Y es que existen antecedentes de este tipo de acciones intimidatorias. Entre junio y diciembre del año pasado fueron asesinados 3 líderes comunitarios que participaban en acciones de resistencia frente a la minería en Cabañas, estos hechos se dan en medio de profundas divisiones sociales al interior de las comunidades donde se ha instalado el proyecto de exploración minera El Dorado de la compañía Pacific Rim.
Las organizaciones civiles y ambientalistas culpan a Pacific Rim de las muertes, ya que afirman que este tipo de acciones son una práctica de las empresas extractivistas para amedrentar a la población que se resiste a estos proyectos. Aunque la compañía se ha desmarcado públicamente de los hechos y los autores materiales de los asesinatos, que son también pobladores de la zona, han sido encontrados culpables por los tribunales de justicia, el movimiento anti minería exige que se continúen las investigaciones sobre los autores intelectuales. Las autoridades no muestran señales de dar seguimiento a estas acusaciones, pero tampoco existen planes ni estrategias de desarrollo que permitan encontrar alternativas productivas y sostenibles para este abandonado territorio.
En Petén la muerte del líder comunitario David Salguero ocurre en un delicado contexto dentro de la RBM, por el incremento de la presencia del Ejército de Guatemala que busca un mayor control de las zonas protegidas, específicamente de los parques nacionales como Laguna del Tigre, área colindante con la concesión forestal que maneja AFICC. A raíz de la renovación de contratos petroleros el gobierno de Alvaro Colom ha reorganizado su estrategia territorial en el Petén. Frente a la depredación de los parques nacionales se han implementado medidas como el incremento de la presencia del ejército y la formación de los Centros de Operación Conjunta y Batallones Verdes, con esta estrategia se pretende recuperar la gobernabilidad de la zona. Con la presencia del ejército se han efectuado desalojos de asentamientos ilegales, pero también de miles de cabezas de ganado.
Lo que no reconoce el gobierno de Guatemala, al menos no en forma tan vehemente como expone su plan sobre los “Batallones Verdes”, es que durante años han sido las concesiones forestales comunitarias organizadas en ACOFOP, las que han garantizado el control territorial y el manejo forestal en buena parte de la RBM. Las Concesiones Forestales Comunitarias invierten un buen porcentaje de sus ingresos en la vigilancia y patrullaje para evitar invasiones, la caza furtiva o los saqueos, otro tanto lo invierten en la prevención de riesgos como los incendios forestales.
Las comunidades forestales han sabido convertir el manejo del bosque en un medio de vida y al mismo tiempo esto ha garantizado la conservación de la biodiversidad. En cambio el Estado no ha podido construir una figura de manejo que sea capaz de garantizar la conservación por la conservación. Los parques nacionales como Laguna del Tigre se han ido degradando aceleradamente por las invasiones de pobladores sin tierra, la extensión de la ganadería, además de haberse convertido en corredores iliciticos para el tránsito de mercancías ilegales o personas indocumentadas.
Las medidas del gobierno de Guatemala están revelando su debilidad para ser soluciones efectivas en la recuperación de la fragmentada gobernanza del Petén, como lo demuestra el asesinato de David Salguero, en cambio parece que están agitando las fuerzas oscuras que siguen ejerciendo el poder y lo demuestran con este tipo de acciones. En el pasado ya han sucedido hechos semejantes que no han sido resueltos, los comunitarios no deben seguir siendo los mártires de sus propios esfuerzos por manejar sosteniblemente y equitativamente la codiciada selva maya.
Ni la intimidación a los ambientalistas y periodistas, ni el asesinato del líder comunitario, pueden quedar en la impunidad, la frágil democracia centroamericana se topa rápidamente con sus límites como nos lo expresan estos hechos. La forma en que se decide el uso de los recursos naturales no es privativa de los grupos de poder, mucho menos de los que se mueven en la sombra, al menos no debería serlo en una institucionalidad democrática. Sobre todo porque en ambos casos existen acciones en marcha que gozan de apoyo y participación ciudadana, como las que giran alrededor del Plan Trifinio y las Concesiones Forestales Comunitarias, fortalecer estas apuestas es condición de seguridad, es garantía de gobernanza y al mismo tiempo de sostenibilidad para nuestros pobladores y ecosistemas.
fuente; Ileana Gomez, Socióloga y columnista de ContraPunto
